CIDH debate demanda desaparición Narcisazo

SANTO DOMINGO. Durante el primer día del conocimiento de la demanda en contra del Estado dominicano, por cargos de desaparición forzosa en perjuicio del profesor Narciso González (Narcisazo), declararon por ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la viuda Altagracia Ramírez, el juez Eduardo Sánchez Ortiz y el perito Federico Andreu.

El proceso comenzó a las 3:00 p.m. y culminó a las 9:00 p.m. Hoy seguirá a las 9:00: a.m., cuando serán escuchados los alegatos de las partes y las observaciones finales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La audiencia comenzó con las declaraciones de Ramírez, quien manifestó ante los jueces Diego García Sayán, presidente, Manuel Ventura Robles, Alberto Pérez Margarette May Macaulay y Eduardo Vio Grossi, que González desapareció cuando tenía 52 años, fue un férreo opositor de la dictadura de Trujillo y posteriormente de Balaguer, a quien acusó públicamente de cometer fraude electoral con oficiales del Ejército y las Fuerzas Armadas como supuestos cómplices.

Calificó como una sorpresa la hipótesis del suicidio en el proceso. "Déjeme decirle que para mí ha sido un asombro. Narciso nunca estuvo a la espalda de la problemática de mi país, un día antes hubo una asamblea en la universidad, y él me decía: 'Es acción lo que queremos'. Una persona que habla así y que actúa así, no está pensando en esa posibilidad (de suicidio)", dijo al ser interpelada por el procurador general adjunto, Frank Soto sobre la hipótesis de la desaparición.

En el juicio, transmitido en vivo por la Corte, se quejó de que 17 años después de ocurrido el hecho, permanezca impune.

Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en el resumen de su acusación, que la desaparición de González fue una consecuencia directa de sus posturas políticas, especialmente por sus denuncias de fraude electoral en contra de Balaguer.

Consideró que el Estado dominicano supuestamente alteró pruebas y documentos relacionados al caso y se ha negado a investigar a los responsables, lo que calificó como una afrenta a la libertad de expresión.

En la audiencia de ayer, que se inició a las 3:00 p.m., fueron escuchadas también las deposiciones de Mario Suriel Núñez, de la Comisión de la Verdad, y del juez Eduardo Sánchez Ortiz, quien instruyó el proceso en 1998.

Suriel expuso por ante el tribunal internacional que al vehículo en que alegadamente fue transportado Narcisazo no se le hizo una experticia para establecer si los cabellos encontrados  pertenecían al mismo.

Aseguró que el 95% de los documentos e investigaciones fueron gracias al trabajo de la Comisión de la Verdad. Mientras que el juez Sánchez Ortiz declaró que el ex secretario de las Fuerzas Armadas, Constantino Matos Villanueva, fue enviado a juicio en base a declaraciones de la señora Paulina Alba, quien se hallaba en el despacho del alto oficial cuando supuestamente éste dijo que Narcisazo debía ser trasladado al Palacio de la Policía.

Expuso que el ex rector de la UASD, Roberto Santana, dijo que es difícil que Narcisazo se suicidara. "Jimmy Sierra era quien hablaba de un probable suicidio", recalcó. Esa versión se confrontó con un amigo de él, de apellido Américo, quien comentó que era difícil que eso sucediera, fue el profesor Sierra fue el que mencionó eso", según dijo.

Características de desaparición

Federico Andreu, perito que explicó ante la Corte los estándares para la desaparición forzosa, asegura que ésta se caracteriza por el ocultamiento, encubrimiento, destrucción de archivos, modificación y cambio de archivos oficiales. Manifiesta que esta vulnera una serie de derechos. La modalidad de garantizar el ocultamiento, la suerte y paradero de la persona desaparecida es la destrucción de los archivos. Dijo que hay una unanimidad de la jurisprudencia internacional que en violación a los derechos humanos, el fuero militar no es competente para investigar la desaparición forzada. Estas investigaciones no pueden ser adelantadas por estos órganos. Además porque esto puede ser un mecanismo que contribuya a la impunidad en la consideración de pruebas.

Fuente: Diario Libre

Finjus plantea CNM inicie eligiendo Suprema Corte

El vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) sugirió ayer al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) iniciar el cronograma de trabajo con la evaluación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y la elección de los que ocuparán las vacantes existentes.

Servio Tulio Castaños Guzmán dijo que luego debe procederse a la elección de los magistrados que integrarán el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional, tan pronto quede instalado el CNM y sean aprobados los reglamentos que ordena su Ley Orgánica.

“La Fundación Institucionalidad y Justicia sugiere al Consejo Nacional de la Magistratura, en base a la prudencia política, que inicie con la selección de las Altas Cortes, conformando a los miembros de la Suprema Corte de Justicia”, enfatizó el jurista.te

Expresó que el orden en que sean electos esos órganos tiene un alto significado para asegurar la transparencia y legitimidad que se requiere para que los mismos sean recibidos por la sociedad dominicana como la expresión del adecuado funcionamiento del CNM.

Sostiene que el CNM es por su composición un órgano integrado por representantes de los poderes del Estado, con un alto componente político, que en nuestro ordenamiento se encarna en la voluntad partidaria.

Fuente: Listin Diario

Poder Ejecutivo promulga ley de reforma tributaria

El Poder Ejecutivo promulgó este viernes la Ley 139-11 “para aumentar los ingresos tributarios y destinar mayores recursos en educación”, la cual establece en su artículo 14 un impuesto como régimen simplificado para el pago del Impuesto Sobre la Renta a la operación de los casinos de juego legalmente establecidos, basado en el número de mesas en operación.

Establece que en la escala  de 1 a 15 mesas pagarán 32 mil pesos mensuales cada una, de 16 a 35 mesas, 37 mil 500 pesos, y de 36 en adelante,  50 mil pesos cada mesa.

La pieza modifica el artículo 14 de la ley 351, del 6 de agosto de 1964, la cual sufrió cambios por la ley 29-06 de fecha 16 de febrero del 2006.

La ley que fue promulgada por vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, explica que es necesario incrementar de forma sostenida en gasto en educación como uno de los componentes estratégicos del desarrollo económico y social.

Mientras que en el artículo 36 establece un impuesto único de RD$35 mil anuales a las bancas de lotería.

En el artículo 4 crea un impuesto a las bancas de apuestas por operación en escala, de acuerdo a su ubicación geográfica. En el Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago, Duarte, Puerto Plata y La Vega pagarán al Estado RD$225 mil anuales. La Ley señala que estos impuestos serán cobrados por la Dirección General de Impuestos Internos, y que el Ministerio de Hacienda velará por el fiel cumplimiento de lo dispuesto en la presente legislación.

En sus artículos 6 y 7 establece también un impuesto a la organización de juegos telefónicos y de Internet de un diez por ciento mensual sobre la base de sus operaciones o ventas brutas.

La ley 139-11 aclara en su artículo 8,  que durante un período de tiempo de diez años, el Estado no autorizará la instalación de nuevas bancas de apuestas en deportes ni de lotería. La reforma fiscal crea un impuesto anual a los activos netos de los bancos y otras entidades financieras y un gravamen de 2.5% a las zonas francas.

Además, aprueba establecer un impuesto como régimen simplificado para el pago del Impuesto Sobre Renta de 5% sobre las operaciones brutas de cada máquina tragamonedas en operación, instalada legalmente, sin importar su ubicación geográfica.

Otros impuestos cargarán sobre las Personas Jurídicas domiciliadas en el país, de un 29% sobre su renta neta gravable desde el ejercicio fiscal de este año como son las sociedades de capital, las empresas públicas por sus rentas de naturaleza comercial.

Fuente: Listin Diario

Aprueban la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura

SD. El Senado liberó de todos los trámites y aprobó de urgencia la nueva Ley del Consejo Nacional de la Magistratura, convirtiéndola en ley en la sesión de ayer. 

Con ello, este organismo dio cumplimiento al acuerdo firmado por los presidentes de los Partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano, para superar el impasse que mantenía en un limbo esta legislación.

Los senadores acogieron modificar el artículo 12 sobre la Adopción de Decisiones y establecerá que las decisiones del CNM serán válidas con el voto favorable de cinco de sus miembros presentes en la reunión y no con mayoría simple. En caso de un empate decidirá el voto calificado del Presidente.

Este último aspecto, sobre el voto calificado o de desempate se mantuvo y sólo se cambió la validación de las decisiones por mayoría absoluta. Además, se incluye al Procurador General de la República.

Se mantiene la disposición transitoria que establece que los primeros trece magistrados del Tribunal Constitucional se sustituirán en tres grupos: cuatro magistrados a los seis años, otros cuatro a los nueve años y los cinco restantes a los doce años de ejercicio.

Los primeros cuatro jueces salientes, por excepción, podrán ser considerados para un único nuevo período. Al momento de la designación, el Consejo indicará a cuál grupo pertenece cada nuevo miembro luego de una selección aleatoria.

Fuente: Diario Libre, 

http://www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=294807

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Defender a narcos es una labor que lucra abogados

Defender a narcotraficantes, en muchos casos, representa un riesgo para los abogados, pero al mismo tiempo es una labor atractiva porque los “capos” suelen pagar sumas millonarias a sus defensores.

Los abogados que defienden a estos personajes imputados en asuntos de drogas nunca revelan el monto ganado por la prestación de sus servicios.

Juristas consultados al respecto admiten que el pago de sus honorarios es “mucho”, comparado con la representación legal que ofrecerían a gente acusada de cometer otros delitos penales.

De acuerdo con testimonios de abogados, desde el momento cuando asumen un caso por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, adoptan medidas de seguridad personal y profesional. En sus oficinas privadas, por ejemplo, algunas medidas que suelen tomar son la instalación de cámaras de seguridad, proveerse de un servicio de protección privado, adquirir una licencia para porte y tenencia de armas de fuego, entre otras precauciones.

Son previsiones para protegerse, conscientes de que se involucran en un caso de alto riesgo. Mientras tanto, para otros profesionales del derecho, llevar un caso sobre narcotráfico sólo representa un caso más como cualquier otro delito.

Otra situación entre defensores de narcotraficantes ocurre cuando llegan más allá de los límites de esa relación profesional, como cuando sostienen vínculos sociales o personales con ellos. Eso no sucede con todos los profesionales del derecho, porque muchos distancian su labor profesional de la relación y contactos personales.

Modificación a la Ley 50-88
Entienden que la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas debe ser modificada en muchos aspectos, porque se contradice con la Ley 70-02 sobre lavado de activos. En una reflexión sobre esto último, plantean que, igualmente como evoluciona el narcotráfico, “las leyes del ordenamiento jurídico deben ser modificadas”.

Para el jurista Carlos Balcácer, el día cuando se juramentó ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia aceptó defender hasta lo peor, “hasta la cloaca o la cúspide social de la nación”, convencido de que, quizá, “soy el único, sin ufanarme, que llega a donde nadie se atreve a llegar y lo hago públicamente, sintiéndome acreedor de los méritos que a otros abogados, con o sin ejercicio, los secretos de la caridad y la moral entrecomilladas procuran darles”.

A juicio de Balcácer, quien asumió la defensa del ex capitan Quirino Paulino Castillo, extraditado a Estados Unidos por la Suprema Corte de Justicia, “el pago eternamente se hace en efectivo, porque los imputados de narcotráfico generalmente no conllevan una contabilidad organizada”.

Recuerda que cuando asumió la defensa de Rolando Florián Féliz, éste siempre le pagaba con papeletas de 20 y 100 pesos, dando la apariencia de que salían a recolectarlas en esquinas de semáforos.

Los abogados que asumen defensas en asuntos de drogas establecen las tarifas de acuerdo a la gravedad y al estatus socioeconómico del cliente. Pueden defender 10 kilos de cocaína a una “mula”, por 200 mil pesos, y la misma situación por un millón de pesos al que envía esa droga, es decir, al cómplice.

Según estos juristas, hay ocasiones en que hay que definir el “modus vivendi” del cliente, residencia, sector, marca del vehículo, prendas de vestir, hasta la clase de perfume, para medir su nivel económico, ante el hecho de que muchos, con gran destreza, lo esconden.

Algunos juristas entienden que las dificultades más comunes que encuentran en el proceso es que el público, en sentido general, no entiende lo que significa presunción de inocencia. Recuerda que cuando a una persona se le acusa y arresta, la presunción inmediata es que esa persona es culpable.

Para el abogado Freddy Castillo, quien asumió la defensa de Ernesto Bienvenido Guevara Díaz (Maconi), vinculado a la red de Paulino Castillo y extraditado a Estados Unidos bajo cargos de narcotrafico, si las personas que lo contactan para asumir defensa en un caso de narcotráfico, pueden asumir los gastos de honorarios y, en efecto, “si uno desea ganarse la vida defendiendo presos, obviamente no lo va a ganar defendiendo atracadores, sacacarteras, carteristas, porque éstos no van a tener los recursos para cubrir los honorarios de un buen abogado”.

Cómo llegan los casos
Dice que se comienza defendiendo a quien robó un pollo, éste recomienda al que robó un chivo y éste lleva luego al que robó una vaca. “Es simplemente un asunto de fama. Las cosas se corren rápidamente, preso a preso, de recluso a recluso; la fama de uno va creciendo y asimismo la gente te va buscando y terminas especializándote, aunque ese no sea tu objetivo al principio”, agrega.

“Uno, como abogado, tiene que lidiar con esa situación y tratar de explicar que esa persona no ha sido condenada y que le asiste la presunción de inocencia y que tiene derechos”, argumenta el jurista Félix Humberto Portes Núñez, quien actualmente asume la defensa de Sobeida Félix Morel, acusada de la comisión de lavado de activos.

Dice que un arresto es sinónimo de culpabilidad en el país. “Es algo fuerte que nosotros tenemos que pelear, incluso, los mismos jueces deben ser imparciales y conocen que la persona acusada está revestida bajo el principio de presunción de inocencia; muchas veces aplican prisión preventiva y no el principio de presunción de inocencia. Aplican “el principio de culpabilidad”.

Sobre las medidas de seguridad de los abogados, Portes Núñez dice que normalmente andan con guardaespaldas, armas de fuego, caja de seguridad en oficinas para que no se atente o robe documentos delicados que deben ser preservados.  

OFICIO Y CONFLICTO
Para el jurista Félix Damián Olivares, quien también formó parte de la defensa de Paulino Castillo, la labor de un abogado es defender a un ciudadano que se encuentre en conflicto con la ley, independientemente de la infracción que haya cometido.

Sin embargo, admite que es una tarea difícil. “Yo no tengo ningún conflicto moral en lo absoluto, porque viéndolo desde el punto de vista objetivo no habría ninguna diferencia entre defender a una persona acusada de narcotráfico y defender a un millonario del país”, dice.

A juicio de Freddy Castillo, quien asume la defensa de varias personas acusadas de narcotráfico, incluyendo a imputados en el caso Paya, si una persona se va a través del aeropuerto y lleva droga en el estómago, sin duda tenía una situación económica difícil cuando se vio precisado a eso.

Entiende que en tal caso no puede pretenderse el cobro de millones, porque si la persona los hubiese tenido no habría cometido el hecho.

Ahora, agrega, “si a usted lo están acusando de patrocinador en un caso de 400 ó 500 kilos de cocaína y se hace un análisis de lo que cuesta, sabría que está en presencia de un peje gordo.

Se puede hablar entonces de honorarios más cuantiosos”.

Fuente: http://www.listindiario.com/la-republica/2011/6/17/192463/Defender-a-narcotraficantes-es-una-labor-que-lucra-a-abogados